El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, le envió una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Fernando Vilella, en la que reclama la homologación urgente por parte del gobierno nacional del decreto provincial de emergencia agropecuaria 2157/23, que incluye a 39 municipios bonaerenses, y el tratamiento en la Comisión Nacional de Emergencias Agropecuarias de otro decreto que corresponde a 12 distritos.
“En total, son más de 700 productores afectados por la sequía que ya recibieron los beneficios de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) y del Banco Provincia, pero que no pueden acceder a los beneficios impositivos a nivel nacional ni a los créditos especiales del Banco Nación. Hoy los dos trámites están frenados”, señaló el ministro.
El titular de la cartera agraria bonaerense se refirió así a los decretos provinciales 2157/23 y 50/24. En el caso del primero, ya cuenta con recomendación favorable de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios (CNEYDA) desde fines de noviembre del año pasado, pero aún no fue firmado por el ministro de Economía de la Nación. En la pasada reunión del Consejo Federal Agropecurio, este fue uno de los temas que planteó el ministro Javier Rodríguez. En esa oportunidad, la respuesta fue que “estaba siendo revisado por la AFIP”.
En cuanto al decreto 50/24, pese a que el mismo fue firmado por el gobernador Axel Kicillof el pasado 17 de enero e inmediatamente fue presentado para su homologación nacional ante la CNEyDA, dicha comisión no está siendo convocada por su titular, el secretario Fernando Vilella. En conjunto, los dos decretos incluyen a más de 700 productores.
El ministro fue tajante al respecto: “con el argumento de que lo están revisando, tienen frenado el decreto 2157/23 y con ello la asistencia del gobierno nacional a los productores afectados. En tanto, en relación al decreto 50/24, no dieron ningún argumento de por qué no convocan a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria”.
La homologación de la emergencia agropecuaria por parte del gobierno nacional permitiría a los productores y productoras afectados acceder a la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas; la suspensión por parte de AFIP de la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados hasta el período siguiente a la finalización del período de emergencia o desastre; y la posibilidad de deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los beneficios derivados las ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.
Además, en el marco de la Ley Nacional, la AFIP también podrá establecer la exención total o parcial del pago del impuesto a los Bienes Personales sobre los bienes ubicados en las explotaciones agropecuarias sobre los inmuebles rurales arrendados si se encuentran en zona de desastre. Al mismo tiempo, el organismo podrá determinar la exención de otros tributos como Ganancias, el componente impositivo del Monotributo y las contribuciones a la Seguridad Social.
En tanto, a partir de la homologación nacional, los productores que estén inscriptos en el régimen simplificado del Monotributo podrán gozar de la prórroga del pago del componente impositivo y una reducción del 50% si están englobados en el estado de emergencia y del 75% si se trata de zona de desastre.
