El conflicto por el cierre parcial de la Plaza 3 de Agosto, en Quequén, escaló este fin de semana luego de que un grupo de vecinos cortara por su cuenta el alambrado que dividía un sector del espacio público, incluyendo la histórica cancha de fútbol infantil. La situación derivó en la intervención policial y en la apertura de una causa penal por daños contra un integrante de la Comisión Playa del Quequén.
Carolina Di Salvo, vecina del barrio, relató que desde hace semanas la comunidad se reúne todos los domingos para reclamar por lo que consideran una apropiación indebida del espacio público. “Los vecinos vienen luchando contra esta invasión. El alambrado se puso sin explicación y dejó la cancha y el médano del lado de otra persona o del museo; no se sabe de quién, porque no hay documentación”, señaló.
Rubén, integrante de la comisión, explicó que la decisión de cortar el alambrado no fue tomada por la comisión, sino exclusivamente por los vecinos. “Nosotros nos opusimos siempre, porque sabíamos que si se sacaba sin autorización corríamos riesgo de una acción judicial. No queríamos que se hiciera de esta forma”, subrayó.
Ese domingo, después de una asamblea barrial donde informaron las gestiones realizadas ante la Municipalidad, la Provincia y la Fiscalía, un grupo reducido decidió avanzar igual y comenzó a cortar los postes y el tejido con herramientas propias. “Apareció gente con alicates y empezaron a cortar. Decían que ya no tenían más espacio para injusticias, que esto era una más, y que con los chicos no se podían meter”, narró Rubén.
La Policía llegó al lugar, pero no logró detener la acción. Y horas después, Rubén fue notificado en la comisaría: un vecino que pasó por la plaza denunció el hecho, y la Fiscalía inició una causa en su contra. “Me imputan a mí por daños. Se abre una causa penal”, confirmó. La investigación quedó a cargo de la fiscal Salgado, la misma funcionaria que había recibido la denuncia inicial presentada por la comisión semanas atrás.
Rubén detalló que, en esa denuncia previa, ya habían advertido que “la gente quería cortar el alambrado” y que la comisión estaba en contra. También indicó que cuando quisieron avanzar por vías administrativas, desde la Justicia les informaron que lo realizado por UNICEF —la entidad señalada informalmente como impulsora del cierre— no configuraba un delito penal, pero sí un posible conflicto administrativo. Aun así, nunca recibieron documentación oficial que respaldara la colocación del alambrado.
La falta de papeles fue ratificada por funcionarios municipales. “En la Municipalidad no hay nada. El director de Obras Públicas dijo en una radio que querían hacer una playa de estacionamiento en ese sector, y que no había papelería presentada”, afirmó Rubén.
Frente al avance de la causa penal, la comisión deberá buscar asesoramiento legal. “Vamos a tener que ver a un abogado para saber cómo seguir. No vamos a aflojar. Consideramos que esto es patrimonio público, es de todos, y el que tiene que venir a justificarse es UNICEF, y hasta ahora no lo ha hecho”, sostuvo Rubén.
Desde el móvil se aclaró que no toda la plaza fue cerrada, sino una parte que incluye la canchita donde históricamente juegan los chicos del barrio, cuyo acceso quedó imposibilitado con el alambrado.
El conflicto continúa abierto y sin definiciones oficiales. Los vecinos insisten en la recuperación del espacio público y exigen a las autoridades municipales y provinciales que determinen quién autorizó el cierre y bajo qué normativa. La comisión, por su parte, queda ahora en el centro del proceso judicial iniciado por un hecho que —según remarcan— no impulsaron ni acompañaron.
