La presencia de cuidadores informales de autos, conocidos popularmente como “trapitos”, volvió a instalarse con fuerza en el debate público de Necochea a pocos días del inicio pleno de la temporada de verano. El tema fue abordado en Cerrando la Mañana por el concejal Eduardo Caballero, quien explicó los alcances de un proyecto de ordenanza que busca endurecer las sanciones y dotar de mayores herramientas al Municipio para intervenir ante situaciones conflictivas.
Según señaló el edil, el proyecto surge a partir de una creciente preocupación vecinal, especialmente por la llegada de personas provenientes de otras ciudades que ejercen la actividad de manera más agresiva, exigiendo tarifas fijas por el cuidado de vehículos, ocupando semáforos o interpelando a conductores y peatones. “No hablamos de los cuidadores conocidos de la ciudad, sino de caras nuevas que generan inquietud y situaciones de tensión”, indicó.
Caballero explicó que el Código Contravencional vigente, redactado en 1984, no contempla de manera específica esta actividad ni ofrece soluciones eficaces para el escenario actual. En la práctica, la única sanción disponible es la multa, una herramienta que —según remarcó— resulta ineficaz frente a personas insolventes. “Fijar multas no resuelve el problema”, sostuvo.
El proyecto propone mantener la multa como sanción base, pero incorporar nuevas herramientas, como el decomiso de elementos utilizados para la actividad y la aplicación de la figura de la reiterancia. En concreto, se plantea que si una persona comete tres infracciones en un plazo de diez días, constatadas en distintos operativos, el Juzgado de Faltas pueda ordenar el arresto contravencional, con el objetivo de retirarla del lugar donde comete la infracción.
El concejal aclaró que el arresto no implica una detención penal ni traslado a una unidad carcelaria, sino una medida prevista en el propio Código Contravencional para hacer cesar la conducta infractora, algo que hoy —según explicó— los inspectores municipales no pueden garantizar. “Hoy el inspector invita a retirarse, pero no puede sacar a la persona del lugar”, remarcó.
Durante la entrevista también se abordó el debate interno entre los distintos bloques políticos. Caballero reconoció que existen posturas más flexibles que plantean alternativas como el registro o la regulación de los trapitos, una opción que desde su espacio no consideran adecuada. “Regular la actividad no soluciona el problema de fondo”, afirmó, al tiempo que destacó que el objetivo es proteger la libertad de circulación y la seguridad de vecinos y turistas.
Otro punto sensible del debate es la dimensión social del problema. El edil reconoció que detrás de estas situaciones hay falta de trabajo, exclusión y ausencia de contención, pero sostuvo que eso no puede habilitar prácticas intimidatorias ni situaciones de riesgo en la vía pública. En ese sentido, también se mencionó la preocupación por el consumo de alcohol o drogas en algunos casos, un factor que —según advirtieron— puede agravar los conflictos en espacios públicos.
Caballero admitió que, por los tiempos legislativos y la diversidad de posturas, difícilmente el proyecto sea aprobado para esta temporada, aunque valoró haber instalado el tema en la agenda pública. “Lo importante es abrir el debate y darle herramientas al Ejecutivo. Después, el consenso político definirá el camino”, señaló.
Finalmente, subrayó que el desafío es encontrar un equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho de los ciudadanos a transitar y estacionar sin ser presionados, evitando que la situación derive en episodios de violencia. “La libertad de uno termina donde empieza la del otro. Ordenar la ciudad es una responsabilidad que no se puede seguir postergando”, concluyó.
