Al comenzar febrero, la pesca comercial furtiva vuelve a encender alertas en el Atlántico Sur. Como ocurre cada verano, decenas de buques de bandera extranjera se concentran en el borde exterior de las 200 millas marinas que delimitan la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en una franja conocida popularmente como la milla 201. Aunque formalmente operan fuera de jurisdicción nacional, su accionar genera un impacto directo sobre los recursos pesqueros argentinos y pone en evidencia las limitaciones del control marítimo.
Durante las noches, la imagen se repite: un verdadero “cordón de luces” sobre el horizonte marca la presencia de flotas industriales —principalmente poteras y arrastreros— que apuntan al calamar y a especies migratorias de alto valor comercial. La cercanía al límite legal no es casual. Muchas de estas especies se desplazan de manera natural entre aguas internacionales y la ZEE argentina, lo que facilita su captura intensiva apenas cruzan la línea imaginaria de las 200 millas.
Fuentes del sector pesquero y del ámbito naval advierten que, además de la sobreexplotación, existen maniobras recurrentes que bordean o directamente violan la normativa: ingresos furtivos a aguas argentinas, apagado de sistemas de identificación automática (AIS) y cambios reiterados de pabellón o de razón social para eludir sanciones. Si bien los patrullajes y las tareas de vigilancia se han reforzado en los últimos años, la extensión del litoral marítimo y la sofisticación de estas flotas hacen que el control sea complejo y costoso.
El daño no es sólo ambiental. La presión pesquera en el borde externo de la ZEE afecta la sustentabilidad de recursos clave para la industria nacional, impacta en los desembarques, en el empleo y en la recaudación fiscal. Para el sector, la competencia resulta claramente desigual: mientras la flota argentina opera bajo estrictas regulaciones, observadores a bordo y vedas, gran parte de la flota extranjera captura volúmenes significativos sin asumir esos costos.
En este contexto, vuelve al centro del debate la necesidad de una estrategia integral. Especialistas señalan que el problema excede lo estrictamente militar o de control marítimo y requiere cooperación internacional, acuerdos regionales más firmes, intercambio de información satelital y una mayor presión diplomática sobre los países que habilitan o toleran este tipo de operaciones.
A casi cuatro décadas de la instauración de las 200 millas como herramienta de soberanía sobre los recursos naturales, la escena en la milla 201 muestra que el desafío sigue vigente. La pesca comercial furtiva no sólo pone en jaque la conservación del mar argentino, sino que expone una disputa silenciosa pero constante por uno de los patrimonios estratégicos del país: sus recursos pesqueros.
