El exsecretario de Medio Ambiente de la Nación y especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, Homero Bibiloni, lanzó fuertes críticas contra el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal del río Paraná y aseguró que la adjudicación impulsada por el Gobierno nacional presenta graves irregularidades jurídicas, técnicas y ambientales.
Durante una entrevista con NecRadio, sostuvo que el proceso “está hecho a medida” para favorecer a un determinado oferente y advirtió que la profundización del dragado terminará perjudicando directamente a los puertos bonaerenses, entre ellos Quequén, al concentrar una mayor carga de mercadería en el Paraná.
“No hubo una verdadera evaluación ambiental”
Bibiloni explicó que uno de los principales cuestionamientos apunta a la inexistencia de un estudio integral de impacto ambiental antes de avanzar con la nueva concesión.
Según indicó, el Gobierno realizó una audiencia pública, pero sin presentar una evaluación científica que analizara las consecuencias del incremento del calado y del volumen de dragado sobre toda la cuenca.
“Lo que hubo fue un simulacro de audiencia pública. Nunca existió una evaluación de impacto ambiental integral sobre la cuenca del Paraná, como exige la legislación vigente”, afirmó.
El exfuncionario remarcó que tampoco se determinó qué ocurrirá con los millones de metros cúbicos de sedimentos que deberán extraerse del río para permitir el ingreso de embarcaciones de mayor porte.
Un perjuicio para Quequén y los puertos bonaerenses
Bibiloni sostuvo que el aumento de la profundidad del canal busca que los buques completen su carga directamente sobre el Paraná, reduciendo la necesidad de operar en puertos marítimos de la provincia de Buenos Aires.
“Esa decisión desfavorece a puertos como Quequén, Bahía Blanca y Mar del Plata, porque los barcos podrán salir prácticamente completos desde el Paraná”, explicó.
Además, vinculó esta situación con la falta de avance del Canal Magdalena, obra que considera estratégica para fortalecer la salida soberana al mar y potenciar la actividad portuaria bonaerense.
“Todo esto termina beneficiando al puerto de Montevideo y perjudicando la logística de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.
“Es una licitación amañada”
Durante la entrevista, Bibiloni fue especialmente crítico con el diseño del pliego licitatorio.
Aseguró que el sistema de evaluación favorece a un oferente determinado y cuestionó que la competencia económica no se haya realizado mediante ofertas a la baja, como ocurre habitualmente en este tipo de contrataciones.
“Es una licitación amañada, hecha a la medida de alguien. En cincuenta años trabajando en Derecho Administrativo nunca vi una situación tan grosera”, afirmó.
También cuestionó que el pliego trasladaría al Estado la mayor parte de los riesgos económicos del contrato, incluso habilitando futuras renegociaciones y reclamos indemnizatorios.
Denuncias judiciales y sospechas sobre la documentación
Bibiloni señaló que el proceso ya fue denunciado ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y mencionó presentaciones impulsadas tanto por especialistas argentinos como por empresas internacionales que participaron de la licitación.
Según explicó, una firma brasileña denunció presuntas irregularidades en documentación atribuida a organismos internacionales que habría sido utilizada durante el procedimiento.
“Existen denuncias penales por posibles documentos apócrifos y por múltiples incumplimientos normativos que deberán ser investigados por la Justicia”, indicó.
Un contrato por hasta 30 años
El especialista también cuestionó la duración prevista para la concesión.
Aunque el pliego establece un plazo inicial de 25 años, explicó que contempla mecanismos de prórroga que podrían extender la explotación hasta alrededor de tres décadas.
“El plazo aparece como de 25 años, pero el propio pliego prevé ampliaciones que, en la práctica, llevan la concesión a unos 30 años o incluso más si existen renegociaciones”, advirtió.
“La Justicia corre detrás de la licitación”
Finalmente, Bibiloni manifestó su preocupación por la velocidad con la que avanza el proceso administrativo frente a los tiempos judiciales.
“Las denuncias están en marcha, pero la licitación avanza mucho más rápido que la Justicia. Si el contrato se firma y después se declara la nulidad, el Estado podría enfrentar reclamos millonarios”, concluyó.
