La abogada penalista Jorgelina Serrano analizó los alcances de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 años. En la provincia de Buenos Aires su aplicación quedó suspendida preventivamente por 60 días ante cuestionamientos sobre la capacidad de los centros especializados para recibir a más jóvenes privados de su libertad.
En diálogo con “Esta Mañana”, por NEC Radio 98.3 del Multimedio NQ, la abogada penalista Jorgelina Serrano explicó los principales cambios introducidos por el nuevo Régimen Penal Juvenil y los motivos de la decisión judicial que frenó temporalmente su implementación en todo el territorio bonaerense.
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en marzo, entró en vigencia el 5 de septiembre y fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 875/2026, publicado el lunes 7. El nuevo régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
De los 16 a los 14 años
Uno de los cambios centrales es la reducción de la edad desde la cual un adolescente puede quedar comprendido dentro del régimen penal.
“Ya no es más a los 16, sino que pasa a los 14 años”, explicó Serrano.
Esto implica que adolescentes de 14 y 15 años que antes quedaban fuera del régimen penal vigente ahora pasan a estar alcanzados por el nuevo sistema.
Sin embargo, la especialista aclaró que eso no significa que cada caso termine necesariamente con una pena de prisión.
“La ley da muchas alternativas. No necesariamente tendría que ser prisión efectiva”, señaló.
No todo delito implica encierro
El nuevo régimen contempla diferentes respuestas judiciales según las circunstancias y gravedad del hecho.
Entre las posibilidades aparecen la amonestación, restricciones de contacto o acercamiento, prohibiciones para concurrir a determinados lugares, prestación de servicios comunitarios y otras medidas alternativas. La privación de libertad constituye una de las opciones previstas y puede cumplirse en domicilio, institutos abiertos o institutos especializados.
Serrano destacó que, al tratarse de adolescentes, cada situación debe analizarse particularmente.
“Siempre que estamos hablando de menores tenemos que ver cada caso en particular”, remarcó.
¿Qué pasa ante un homicidio?
Durante la entrevista fue consultada específicamente por delitos de extrema gravedad.
Serrano explicó que un adolescente de 14 años puede actualmente quedar sometido al proceso penal bajo el nuevo régimen, aunque las penas tienen límites diferentes respecto de los adultos.
La Ley 27.801 prohíbe expresamente para los adolescentes la prisión y reclusión perpetua y establece un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad, incluso cuando la escala penal correspondiente al delito fuera superior.
“El tope máximo de pena es de 15 años”, explicó la abogada.
¿Por qué está suspendida en la provincia de Buenos Aires?
La aplicación del nuevo régimen quedó frenada preventivamente durante 60 días en territorio bonaerense por decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora.
La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
El eje de la resolución es determinar si la Provincia cuenta con infraestructura, personal y dispositivos suficientes para incorporar al sistema a adolescentes de 14 y 15 años sin generar condiciones de hacinamiento o vulneración de derechos.
“Es una medida preventiva”
Serrano remarcó justamente ese carácter.
“No sabemos si va a suceder, pero en el caso de que suceda, analicemos si estamos en condiciones”, explicó.
El razonamiento parte de que bajar la edad de ingreso al sistema penal amplía el universo potencial de adolescentes que podrían requerir alojamiento.
“Lo que dice es que estructuralmente no estaría preparado ni con personal ni con espacio como para absorber ese número”, indicó.
La suspensión, por lo tanto, no fue presentada como una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la ley, sino como una medida cautelar mientras se analiza la situación del sistema bonaerense.
Los menores no pueden alojarse con adultos
Otra de las cuestiones centrales es dónde deben cumplir una eventual privación de libertad.
La legislación establece institutos especializados para adolescentes y no habilita su alojamiento conjunto con población penitenciaria adulta.
“Hasta los 18 años estás en un instituto o centro especializado donde hay solamente menores”, explicó Serrano.
Una vez cumplidos los 18 años pueden plantearse otras condiciones de alojamiento según la situación procesal y la resolución judicial.
La preocupación del fallo bonaerense radica precisamente en si existen hoy suficientes plazas adecuadas para responder a una eventual mayor demanda.
Una audiencia clave el 16 de septiembre
El próximo paso será una audiencia multipropósito convocada para el 16 de septiembre.
Allí deberán intervenir organismos provinciales vinculados con Justicia, Seguridad y Niñez para informar sobre las condiciones actuales de los dispositivos, las medidas previstas y los plazos necesarios para adecuarlos al nuevo régimen.
“Se van a juntar el Estado provincial y el órgano jurisdiccional para analizar si se puede implementar y bajo qué condiciones”, explicó Serrano.
Además, recordó que la decisión fue adoptada en primera instancia y todavía existen vías recursivas para revisar la resolución.
La medida también generó una denuncia contra la jueza
La suspensión provocó además cuestionamientos judiciales.
La asociación Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad y pidió intervenir como amicus curiae dentro de la causa. La presentación cuestiona, entre otros puntos, la competencia de la magistrada para suspender la aplicación de una ley nacional en toda la provincia.
Serrano mencionó esa controversia durante la entrevista, aunque aclaró que se trata de una presentación reciente cuyo desarrollo todavía debe observarse.
“Veremos cómo evoluciona”, sostuvo.
¿Qué ocurre en Necochea?
Consultada sobre la situación local, la abogada explicó que Necochea está alcanzada por la misma suspensión dispuesta para toda la provincia de Buenos Aires.
También recordó que el Departamento Judicial cuenta con una Fiscalía especializada en Responsabilidad Penal Juvenil.
Sin embargo, evitó realizar afirmaciones sobre la cantidad de menores actualmente involucrados en causas o sobre la capacidad específica de los dispositivos locales.
“Eso habría que hablarlo puntualmente con la Fiscalía especializada”, señaló.
“No sé si una ley penal es la solución a la inseguridad”
Sobre el final, Serrano planteó una mirada más amplia acerca del debate sobre menores y delito.
Consultada sobre si reducir la edad de imputabilidad podría servir para disminuir hechos de inseguridad, consideró que todavía será necesario observar qué resultados produce en la práctica.
“No sé si las leyes penales son la solución a los efectos de inseguridad o de delitos violentos”, sostuvo.
Para la penalista, cuando interviene la Justicia Penal es porque previamente ya fallaron otros mecanismos de contención.
“Cuando responde el derecho penal tendríamos que preguntarnos cuántas otras cosas fallaron para que tenga que responder el derecho penal”, reflexionó.
Un cambio profundo que recién comienza
Serrano, quien dirige el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados y ejerce la profesión desde hace 12 años, explicó que el nuevo régimen ya venía siendo analizado por especialistas antes de su entrada en vigencia.
A su entender, la reforma representa una modificación profunda y requerirá un período de adaptación tanto para operadores judiciales como para las instituciones encargadas de ejecutar las medidas.
“Hoy podemos explicar qué parámetros tiene la ley y cuál fue el motivo por el que fue suspendida. Uno puede estar de acuerdo o no, pero los resultados realmente los vamos a ver cuando empiece a aplicarse”, concluyó.
