La residencia para adultos mayores ubicada en el sur de Mar del Plata, donde se denunció una violenta agresión contra un hombre de 89 años, fue clausurada en las últimas horas luego de una inspección ordenada por la Justicia que reveló serias irregularidades en su funcionamiento.
La medida se adoptó tras la denuncia pública realizada por la familia del adulto mayor, que alertó sobre presuntos episodios de maltrato sufridos dentro del establecimiento. Según relató una nieta de la víctima, familiares que fueron a visitarlo advirtieron lesiones visibles en las manos, los ojos y la boca, situación que motivó una evaluación médica.
Los estudios posteriores confirmaron que el hombre presentaba fractura del dedo pulgar y heridas en el rostro, mientras que un video incorporado a la causa reforzó las denuncias por malos tratos.
En declaraciones previas, la responsable del geriátrico negó las acusaciones y sostuvo que eran “injustificadas”. “Me da indignación lo que pasó porque no soy así. Acá los tenemos re bien. No se les prohíbe nada, comen de todo. No es justo que me hagan estas cosas”, había señalado.
Sin embargo, este jueves, por pedido del jefe de la Comisaría Primera y por orden de la fiscal Castañeda, personal de la Provincia y del Municipio realizó una inspección en el geriátrico ubicado en General Pacheco al 2100, donde se constataron graves falencias administrativas, sanitarias y de seguridad.
De acuerdo a las fuentes oficiales, el establecimiento no contaba con habilitación del Ministerio de Salud, carecía de médicos y enfermeros, y no tenía historias clínicas de los adultos mayores alojados. Además, se detectó la presencia de una persona menor de 65 años, lo que incumple la normativa vigente.
También se constató la falta de extintores suficientes, ausencia de luces de emergencia y detectores de humo, junto a otras deficiencias edilicias que ponían en riesgo la seguridad de los residentes.
Ante este panorama, las autoridades dispusieron la clausura transitoria del geriátrico y prohibieron el ingreso de nuevos residentes, medida que se mantendrá hasta que se subsanen las irregularidades y se evalúe el levantamiento de la sanción.
La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades en relación con las denuncias de maltrato y las condiciones en las que funcionaba el lugar.
