La reunión de la comisión de Política Económica y Finanzas Públicas del Concejo Deliberante de Necochea dejó una imagen tan clara como preocupante: más de veinte productores rurales sentados frente a los concejales para exponer una realidad que ya no admite dilaciones. El temporal de los últimos días no hizo más que profundizar una crisis estructural que el sector agropecuario viene denunciando desde hace tiempo: caminos destruidos, campos anegados y una infraestructura rural que hace años muestra signos de abandono.
La discusión, sin embargo, va mucho más allá de la coyuntura climática. El verdadero trasfondo del reclamo apunta al funcionamiento del Estado municipal y al destino de los recursos que el propio sector aporta. Los productores no solo pidieron la declaración de la emergencia agropecuaria; exigieron, además, herramientas concretas y transparentes que permitan garantizar que la tasa rural vuelva efectivamente al sistema vial rural.
Ese punto fue, quizás, el más sensible de toda la jornada. Porque cuando un contribuyente siente que paga pero no recibe contraprestación, el problema deja de ser únicamente económico y pasa a ser político e institucional. La crítica de Marcelo West fue contundente: “Hay que generar buena política al servicio del contribuyente”. Detrás de esa frase aparece una demanda histórica del interior productivo, que observa cómo los recursos se diluyen mientras los caminos se vuelven intransitables y la maquinaria resulta insuficiente para atender la emergencia.
La situación actual expone también una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y uno de los motores económicos más importantes del distrito. Que todavía no exista una reunión formal entre los productores y el intendente Arturo Rojas refleja una ausencia de diálogo difícil de justificar en medio de un escenario crítico. El campo no reclama privilegios; reclama gestión, planificación y presencia del Estado en momentos donde producir se vuelve cada vez más complejo.
En ese contexto, el pedido de Gastón Fernández Palma a los concejales tuvo un tono que mezcló reclamo y predisposición al trabajo conjunto. “No los vamos a dejar a pata”, afirmó, dejando en claro que el sector está dispuesto a acompañar cualquier iniciativa seria que busque soluciones reales. Ese mensaje no es menor: lejos de una postura confrontativa, los productores plantearon una convocatoria al consenso y a la articulación política.
Ahora bien, la responsabilidad ya no puede quedar solo en el diagnóstico. El Concejo Deliberante abrió una puerta importante al escuchar al sector y reconocer la gravedad del problema, pero la dimensión de la crisis exige mucho más que acompañamiento discursivo. La emergencia agropecuaria puede ser un primer paso administrativo necesario, aunque insuficiente si no viene acompañada de un plan integral de infraestructura hídrica y vial.
Porque hoy el problema no es únicamente sacar el agua. El desafío es evitar que cada lluvia vuelva a transformar la producción rural en una carrera contra el abandono estatal. Y para eso hace falta algo que en la reunión se mencionó varias veces: decisión política.
La reunión dejó conforme, en cierto punto, a todos por el espacio de diálogo y el ida y vuelta entre concejales y productores rurales, pero con un tema central instalado en la agenda pública: la necesidad urgente de encontrar una herramienta concreta desde el Concejo que permita atravesar este momento complejo. Mientras tanto, el sector agropecuario continúa esperando definiciones que puedan aliviar una situación que —según advierten— se vuelve cada día más difícil de sostener.
