En una sesión extensa y cargada de tensión política, el Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con 42 votos afirmativos y 30 negativos. La iniciativa obtuvo así media sanción y será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará convertirla en ley antes de fin de mes.
El debate comenzó a media mañana y se extendió hasta la madrugada, reflejando la fuerte polarización en torno a una norma que el Gobierno presenta como una herramienta para promover el empleo formal y atraer inversiones, mientras que la oposición la cuestiona por considerar que implica una reducción de derechos laborales.
El respaldo al proyecto provino de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. También fue clave el acompañamiento de varios gobernadores, que terminaron inclinando la balanza en una votación que se anticipaba ajustada.
Entre los puntos centrales de la reforma se mantiene el esquema de aportes solidarios sindicales —con un límite del 2%— y los aportes obligatorios a cámaras empresarias, fijados en un tope del 0,5% mensual. En paralelo, se eliminó la reducción del Impuesto a las Ganancias que contemplaba el texto original, una modificación determinante para asegurar el apoyo de las provincias, ya que se trata de un tributo coparticipable.
Otro aspecto que generó debate fue el financiamiento de despidos a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo que prevé aportes empresariales y que despertó reparos incluso dentro del oficialismo. En cambio, no prosperó la incorporación obligatoria de billeteras virtuales para el pago de salarios, cuestión que quedaría sujeta a futura reglamentación.
Durante el cierre, Patricia Bullrich defendió la reforma y sostuvo que el régimen laboral vigente “mantiene al país anclado en el pasado”. Desde el peronismo, José Mayans calificó el proyecto como inconstitucional y advirtió que vulnera garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Otros senadores opositores denunciaron que la iniciativa afecta derechos históricos de los trabajadores.
Con este resultado, el Gobierno suma un nuevo avance legislativo en su agenda económica, en línea con la aprobación del Presupuesto 2026 y otras reformas estructurales. Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo capítulo de negociaciones y debate político.
