La Justicia de La Plata confirmó que la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural realizada por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) fue correcta. Este fallo se da en el contexto de una controversia que surgió después de que el presidente Javier Milei y el diputado José Luis Espert instaron a los productores rurales a no pagar el impuesto, argumentando que el incremento era ilegal.
El Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, bajo la dirección de la jueza María Ventura Martínez, rechazó la solicitud de un productor del partido de La Plata que buscaba una reducción del monto a pagar. El productor agropecuario Raúl Alberto Remorini había solicitado, mediante una medida cautelar, que se obligara a ARBA a recalcular el impuesto con un incremento menor. La jueza desestimó su pedido, confirmando que el impuesto fue liquidado conforme a la normativa vigente.
DETALLES DEL FALLO
La jueza Ventura Martínez determinó que ARBA liquidó correctamente el impuesto, dado que no está vigente un límite de imposición del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural, tal como establecía el consenso fiscal firmado en 2021. Remorini pretendía pagar el impuesto anual con un aumento del 200% respecto a 2023, pero con un descuento del 35% por ser un “contribuyente cumplidor”, beneficio que ya no está vigente.
KICILLOF DEFIENDE LA LEGALIDAD DEL IMPUESTO
Axel Kicillof respondió rápidamente a las críticas, acusando a Milei y Espert de promover la desobediencia civil y el “narco-capitalismo”. El gobernador subrayó que el llamado a no pagar impuestos ponía en riesgo la recaudación del Estado y, por ende, la gobernabilidad y la seguridad del país.
CONCLUSIÓN DEL FALLO
Finalmente, la Justicia ha reafirmado que no hubo errores en la liquidación del impuesto por parte de ARBA, cerrando así el debate legal y político sobre la cuestión. Este fallo representa un respaldo significativo para la administración de Kicillof y una derrota para los productores y líderes políticos que buscaban impugnar el aumento
