La Mesa de Enlace podría presentar esta semana al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, un borrador de propuesta para actualizar la ley de semillas en Argentina, una normativa vigente desde 1973 que distintos sectores consideran desactualizada frente a los avances en genética vegetal.
El tema formará parte de la agenda de la reunión que las entidades rurales mantendrán con funcionarios nacionales durante la exposición agroindustrial. Allí también se abordarán cuestiones vinculadas con infraestructura, financiamiento para el sector y el futuro del INTA. Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor expectativa es el debate sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas.
La iniciativa que analiza la dirigencia rural propone un sistema mixto que combine uso propio gratuito y uso propio pago, con el objetivo de equilibrar los intereses de los productores y de la industria semillera. El borrador viene siendo trabajado dentro de la Mesa de Enlace, integrada por Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro.
En términos concretos, el esquema permitiría que el productor guarde y vuelva a sembrar semillas adquiridas legalmente, una práctica habitual en cultivos autógamos como soja y trigo. No obstante, establece que hasta tres multiplicaciones deberán contemplar una retribución económica al obtentor de la variedad, es decir, a la empresa o institución que desarrolló la genética.
Según el planteo que circula en el sector, el valor de esa retribución se fijaría al momento de la compra de la semilla fiscalizada, lo que daría previsibilidad al productor y evitaría ajustes posteriores. También se analiza la posibilidad de que el productor abone desde el inicio el monto correspondiente a esas tres multiplicaciones y quede liberado de pagos futuros por el uso propio.
Uno de los aspectos más sensibles del borrador apunta a proteger a los productores de menor escala. La propuesta establece que quienes siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada mantendrían el derecho al uso propio gratuito sobre esa superficie inicial durante tres campañas.
El sistema también contempla un esquema incremental. Si un productor adquiere semilla para una determinada superficie y luego, mediante multiplicación, amplía el área sembrada, solo la superficie originalmente comprada conservará el beneficio de gratuidad. La superficie adicional debería abonar un canon por uso incremental.
El debate sobre la ley de semillas volvió a cobrar fuerza en los últimos meses tras las señales del gobierno de Javier Milei sobre la necesidad de fortalecer el reconocimiento a la innovación tecnológica en el agro. Durante la apertura de sesiones del Congreso, el Presidente planteó avanzar hacia un régimen que garantice derechos de propiedad para los desarrolladores de nuevas variedades.
Dentro del sector, esa definición fue interpretada como un posible acercamiento al convenio internacional UPOV 91, que amplía la protección de la propiedad intelectual para las empresas semilleras. No obstante, algunos dirigentes rurales sostienen que Argentina debería continuar bajo el esquema UPOV 78, que reconoce la innovación pero preserva con mayor claridad el derecho al uso propio del productor.
Por el momento, el borrador aún no cuenta con consenso pleno dentro de la Mesa de Enlace, particularmente en Coninagro, entidad que además de representar productores mantiene vínculos con la industria semillera a través de cooperativas.
Por eso, todavía no está confirmado si la propuesta será presentada formalmente al Gobierno durante Expoagro o si el debate continuará dentro de las propias entidades rurales.
Lo cierto es que la discusión por la actualización de la ley de semillas volvió a instalarse en el centro de la agenda agropecuaria argentina, en un contexto donde la innovación genética, la biotecnología y las reglas para la propiedad intelectual se vuelven cada vez más determinantes para mejorar la productividad y la competitividad del país en el mercado mundial de alimentos.
