La obligatoriedad de contratar serenos de buques volvió a regir en el Puerto Quequén, poniendo fin a casi un año de conflicto que dejó a decenas de familias sin trabajo. La medida fue confirmada por el secretario general de SEAMARA, Darío Olivera, durante una charla en el programa Esta Mañana, donde remarcó el alcance laboral, jurídico y social de la decisión.
Un decreto que dejó familias sin sustento
Olivera explicó que la situación se originó a partir de un decreto nacional dictado en enero de 2025 que eliminó la obligatoriedad del servicio. Según relató, la medida fue presentada como una forma de reducir costos operativos portuarios, pero en los hechos no tuvo ningún sustento real. El costo del sereno en la proforma de un buque representa apenas el 0,001% del valor total de la estadía y ni siquiera es abonado por el Estado, sino por armadores privados del exterior.
Para el dirigente sindical, el argumento económico fue una excusa. Lo único que generó esa decisión fue dejar familias sin trabajo de un día para el otro, en una situación aún más grave porque al declararse el servicio como optativo no existía despido formal. Eso implicó que los trabajadores quedaran sin empleo, sin indemnización y sin cobertura social, en una zona gris que profundizó la precariedad.
La lucha sindical y el camino legal
Olivera detalló que desde septiembre de 2025 la mesa sindical del puerto comenzó a trabajar en una estrategia jurídica basada en las leyes provinciales y en el marco constitutivo del Consorcio de Gestión. Siempre sostuvieron que la solución estaba en las facultades que la provincia le otorgó a los puertos para administrar, regular y proteger la actividad.
Ese trabajo derivó en dictámenes favorables del Ministerio de Trabajo bonaerense y, finalmente, en la resolución firmada por el presidente del Consorcio de Gestión, Mariano Carrillo, que volvió a imponer la contratación obligatoria de serenos en todos los buques amarrados. Para Olivera, se trató del cierre de un año de lucha y de la recuperación de puestos de trabajo que nunca debieron haberse perdido.
Mucho más que vigilancia
Durante la entrevista, Olivera fue enfático al explicar cuál es la verdadera función del sereno de buque. No se trata solo de controlar accesos. Cumple tareas de vigilancia preventiva las 24 horas, actúa como auxiliar de Prefectura, previene delitos y contrabando, y es clave ante riesgos ambientales, derrames o siniestros dentro del puerto. Es la persona facultada para dar aviso inmediato a agencias marítimas y autoridades ante cualquier eventualidad.
Además, recordó que se trata de una función con más de cien años de historia, uno de los gremios más antiguos del país en actividad portuaria, y que su eliminación no solo afectaba a los trabajadores sino también a la seguridad integral del sistema portuario.
Un precedente que trasciende a Quequén
La resolución permitirá la reincorporación de alrededor de 600 serenos en la provincia de Buenos Aires, incluyendo 16 familias directamente vinculadas al Puerto Quequén. Pero, según Olivera, lo más importante es el precedente que se genera: por primera vez se revierte una decisión nacional que había avanzado sobre derechos laborales históricos, utilizando herramientas legales provinciales.
El dirigente valoró el respaldo de las autoridades bonaerenses y sostuvo que cuando hay funcionarios que asumen su rol y hacen lo que corresponde, se puede defender el trabajo y la dignidad de las familias portuarias. La decisión, afirmó, no solo devuelve empleo, sino que reafirma la importancia de un puerto seguro, regulado y con derechos.
