El concejal de La Libertad Avanza explicó el proyecto que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen con sistemas destinados a provocar explosiones y ruidos excesivos. La propuesta establece multas de entre 2.500 y 5.000 unidades fijas y abre la posibilidad de que, tras el secuestro, los vehículos puedan ser donados, subastados o destruidos según la normativa vigente.
Charlando con Fede Cañadas en “Esta Mañana”, por NEC Radio 98.3 del Multimedio NQ, Eduardo Caballero, concejal de La Libertad Avanza, explicó los alcances de una iniciativa que apunta a endurecer las sanciones contra las motos que utilizan sistemas conocidos como “tiracortes”, una problemática que genera fuertes reclamos por los ruidos excesivos en distintos sectores de Necochea y Quequén.
Caballero sostuvo que el objetivo principal es atacar las caravanas y vehículos que generan explosiones deliberadas y afectan el descanso de los vecinos, además de producir molestias especialmente sensibles para personas con autismo, animales y quienes padecen determinadas condiciones frente a los ruidos intensos.
“Yo creo que no hay alguien en la ciudad que diga que quiere que sigan tirando cortes”, expresó.
Una herramienta para que aplique el Ejecutivo
El concejal remarcó que el Concejo Deliberante puede generar herramientas legislativas, pero que posteriormente será responsabilidad del Departamento Ejecutivo aplicarlas.
“Nosotros podemos darle las herramientas al Poder Ejecutivo. Sancionamos la ordenanza, pero después el intendente tiene que aplicarla”, explicó.
Caballero aclaró que los concejales no cuentan con poder de policía ni pueden disponer directamente operativos de Tránsito.
Para el edil, por eso será determinante la decisión política de llevar la normativa efectivamente a la calle.
El problema de prohibir la venta de componentes
Caballero explicó que inicialmente habían intentado avanzar también sobre la comercialización de elementos utilizados para fabricar estos mecanismos.
Sin embargo, apareció una dificultad jurídica: cada uno de esos componentes puede tener por separado un uso completamente lícito.
“Vos no podés prohibir la utilización de una ficha, de un cable o de una bujía. Son elementos lícitos. Lo que sucede es que la conjunción termina formando un mecanismo ilícito”, señaló.
Por esa razón, el bloque debió modificar parte de la propuesta original.
La idea original era compactar las motos
La Libertad Avanza había planteado además avanzar directamente hacia la compactación de los vehículos secuestrados.
Caballero contó que tomaron como referencia experiencias de otros municipios bonaerenses donde se implementaron mecanismos similares.
“Nos gustó lo que estaban haciendo y dijimos: vamos a copiarlo en Necochea”, explicó.
Sin embargo, señaló que la propuesta encontró resistencia de otros bloques por cuestionamientos vinculados con el derecho de propiedad.
Al contar solamente con cinco concejales dentro de un cuerpo de veinte integrantes, LLA debió buscar una alternativa que pudiera conseguir consenso.
Donación, subasta o destrucción
La redacción que finalmente logró avanzar deja abierta la posibilidad de que el juez de Faltas pueda utilizar diferentes mecanismos contemplados en normativas provinciales y nacionales.
Caballero mencionó tres posibilidades para los vehículos secuestrados: donarlos a una entidad de bien público, subastarlos o destruirlos, dependiendo de cada situación.
“Le abrimos el juego al juez de Faltas para que pueda aplicar estas opciones”, explicó.
Multas de hasta $11,7 millones
Uno de los cambios más fuertes pasa por el valor de las sanciones.
Caballero detalló que la propuesta establece una multa mínima de 2.500 unidades fijas y una máxima de 5.000 unidades fijas.
Según los valores mencionados durante la entrevista, eso significaría una sanción máxima cercana a los $11.700.000, mientras que la mínima superaría los $5,5 millones.
“La idea es que, cuando el infractor haga la evaluación, no le convenga retirar la moto”, explicó.
A la multa deben sumarse además los costos correspondientes al acarreo y la estadía del vehículo secuestrado.
El objetivo es que la moto no vuelva rápidamente a la calle
Caballero sostuvo que el esquema busca evitar que una moto secuestrada vuelva rápidamente a circular después de pagar una sanción menor.
Según explicó, después de 180 días en determinadas condiciones, la legislación provincial permite avanzar sobre la disposición final del vehículo.
“Buscamos que no sea una multa de 200 mil pesos, retiren la moto y sigan circulando”, planteó.
No es lo mismo una contravención que una moto robada
El concejal hizo además una diferenciación entre las motos sancionadas por contravenciones y aquellas que poseen pedido de secuestro por robo o hurto.
En esos últimos casos, explicó, deja de intervenir la órbita municipal y comienza la actuación de la Justicia provincial.
“Cuando se secuestra una moto robada interviene la Fiscalía. Nosotros estamos hablando de contravenciones, no de delitos”, aclaró.
“Si no se aplica, queda como papel muerto”
Caballero insistió en que la ordenanza por sí sola no resolverá el problema.
Para el edil, será necesario aumentar controles, patrullajes y presencia preventiva.
“Nosotros planteamos la herramienta, pero después le toca al intendente aplicarla o no. Si no la quieren aplicar, la ordenanza va a quedar ahí como papel muerto”, sostuvo.
El concejal consideró que la problemática de los “tiracortes” lleva demasiado tiempo instalada y afirmó que se necesita una política sostenida para combatirla.
“No sé si vos los escuchás, pero yo los escucho todas las noches”, afirmó.
También habían propuesto trabajo comunitario
Caballero reveló que el proyecto original contemplaba además que quienes cometieran estas infracciones debieran realizar trabajo comunitario.
Sin embargo, explicó que tampoco consiguieron el acompañamiento necesario del resto de los bloques para incluir ese punto.
La iniciativa que finalmente llegará al debate es, según reconoció, una versión consensuada de una propuesta originalmente más dura.
“Muchas veces tenemos que buscar no la ordenanza que queremos, sino la ordenanza posible”, resumió.
Para Caballero, conseguir que el tema llegue al Concejo ya representa un avance: “Por lo menos se puso en agenda y se va a tratar”.
