En una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional anunció este lunes el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida, enmarcada en un plan de reorganización del Estado, fue presentada como “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública”.
Durante la presentación, se proyectó un video institucional que hizo foco en la causa judicial conocida como “Vialidad”, en la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta, aunque la sentencia aún no está firme. Actualmente, cumple prisión domiciliaria.
Desde el Ejecutivo señalaron que Vialidad Nacional “fue durante años el engranaje de un sistema de corrupción institucionalizada” y que operaba como “una estructura para desviar fondos públicos hacia empresarios cercanos al poder político”.
La decisión forma parte de una serie de cierres y reestructuraciones de organismos estatales vinculados al transporte. El decreto firmado por el presidente también establece la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En tanto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reformulada y pasará a llamarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva entidad asumirá funciones de fiscalización de las concesiones viales y del cumplimiento de normas de tránsito.
Como parte del nuevo esquema, el Gobierno anunció la apertura a licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Según Adorni, el objetivo es atraer inversiones privadas para “recuperar caminos que durante décadas fueron abandonados por el despilfarro y la ineficiencia del Estado”.
