La investigadora de la Estación Experimental Balcarce había coordinado en Argentina un estudio internacional sobre la presencia de plaguicidas en personas, animales y el ambiente. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 366 del organismo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, en el marco de un sumario administrativo relacionado con su participación en el proyecto internacional SPRINT.
La medida fue adoptada por el Consejo Directivo del organismo el 26 de octubre y constituye la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario del empleo público nacional, de acuerdo con la información publicada por medios de la región.
Una investigación sobre plaguicidas
Aparicio, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria científica, fue la responsable de coordinar la participación argentina en SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea y coordinada internacionalmente por la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos.
El proyecto tuvo como objetivo estudiar la exposición a plaguicidas y sus mezclas en personas, animales y diferentes componentes ambientales. En Argentina participaron 73 voluntarios de distintas localidades bonaerenses, entre ellas Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Mar del Plata y Tandil.
Los análisis incluyeron muestras biológicas humanas y ambientales. Entre los resultados difundidos se informó la detección de glifosato en una proporción elevada de las muestras de orina analizadas.
Sin embargo, la presencia de residuos de plaguicidas no demuestra, por sí sola, que esas exposiciones hayan provocado enfermedades. La evaluación de los riesgos requiere considerar las concentraciones, las vías de exposición y la evidencia toxicológica y sanitaria disponible.
Los fundamentos de la decisión
Según la información publicada sobre la resolución, el INTA fundamentó la sanción en presuntos incumplimientos administrativos vinculados con la coordinación del proyecto, el manejo de fondos y la realización de determinadas actividades sin las autorizaciones institucionales que el organismo consideraba necesarias.
La resolución también menciona observaciones sobre la participación de personal en las tareas de investigación, la gestión de los análisis en el exterior y los procedimientos relacionados con el comité de ética.
Aparicio había cuestionado el procedimiento administrativo y planteado objeciones respecto de su derecho de defensa. La decisión del Consejo Directivo rechazó esos planteos, según la reconstrucción periodística disponible.
Un conflicto que comenzó en 2023
La controversia tomó dimensión pública cuando el INTA suspendió la presentación de los resultados argentinos y posteriormente se retiró del proyecto. En paralelo, se inició el proceso administrativo que terminó con la decisión de exoneración.
La medida generó preocupación y expresiones de respaldo por parte de sectores científicos, organizaciones y representantes gremiales, que reclamaron garantías para el desarrollo de investigaciones y la difusión de sus resultados.
El caso también abrió un debate sobre la relación entre la investigación científica, los procedimientos administrativos y la comunicación pública de información vinculada con la producción agropecuaria y el ambiente.
Un tema de interés para la región
Por su alcance territorial, SPRINT incluyó voluntarios y muestreos en localidades del sudeste bonaerense, entre ellas Necochea y Tres Arroyos. Esto otorga especial interés regional a la investigación y a las discusiones que surgieron a partir de sus resultados.
La decisión sobre Aparicio marca un nuevo capítulo en un conflicto que combina cuestiones administrativas, científicas y ambientales. Mientras tanto, resulta importante distinguir los fundamentos oficiales de la sanción, los argumentos de la investigadora y las conclusiones científicas del proyecto.
La evolución del caso y las eventuales impugnaciones judiciales serán aspectos centrales para conocer sus próximos pasos.
