El gobernador Axel Kicillof oficializó el cierre definitivo del convenio que la provincia de Buenos Aires mantenía con el Estado nacional para administrar las compensaciones tarifarias destinadas al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y consolida el control provincial sobre el sistema de subsidios correspondiente a las líneas de jurisdicción provincial y municipal.
El acuerdo había sido firmado en diciembre de 2018, luego del Consenso Fiscal alcanzado entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. A través de ese mecanismo, el Ministerio de Transporte nacional calculaba mensualmente las compensaciones que debían recibir las empresas, mientras que la Provincia se encargaba de distribuir los fondos entre las prestatarias bonaerenses.
El esquema permaneció vigente durante más de siete años y fue prorrogado en diez oportunidades. La última extensión finalizó el 31 de diciembre de 2025, en momentos en que el Gobierno provincial avanzaba con un sistema propio de financiamiento.
El cambio se produjo con la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, establecido por el Decreto 3231/25. Según los fundamentos de la nueva normativa, ese régimen volvió innecesaria la asistencia técnica que hasta entonces brindaba el Estado nacional.
Mediante un Acta de Cierre firmada el 7 de marzo, ambas administraciones declararon cumplidas las obligaciones derivadas del convenio y finalizaron la cooperación institucional vinculada al cálculo, la liquidación y la distribución de los subsidios.
El cierre también alcanza las tareas relacionadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE y con las compensaciones correspondientes al gasoil diferencial.
Más allá de su carácter administrativo, la medida se produce en medio de las tensiones entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional por la distribución de recursos, la reducción de transferencias y el financiamiento de áreas como el transporte y la obra pública.
Con la finalización del convenio, la Provincia deja de depender de la intervención técnica de Nación para determinar y distribuir las compensaciones entre las empresas bajo su jurisdicción, y consolida un modelo propio de administración del sistema de transporte.
