Un nuevo aumento en las tarifas de peaje comenzó a regir el pasado 3 de enero en la provincia de Buenos Aires, con incrementos que oscilan entre 7% y 10%. La medida alcanza a la Autopista Buenos Aires–La Plata y al Sistema Vial Integrado del Atlántico, que incluye la Autovía 2, la Ruta 11 y sus vías conexas, todas bajo concesión de Autopistas de Buenos Aires S.A..
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) expresaron un fuerte rechazo al nuevo cuadro tarifario, al que calificaron como “ilegal, abusivo, injustificado e irresponsable”. Según la entidad, el incremento fue autorizado por el Gobierno bonaerense sin considerar la situación económica de los usuarios ni el impacto sobre la actividad productiva y el consumo.
De acuerdo con los cuadros comparativos elaborados por Conaduv, la Autopista Buenos Aires–La Plata se posiciona como la más cara del área metropolitana en costo por kilómetro. En hora pico, un automóvil abona $5.400 para recorrer 58 kilómetros, equivalentes a $93 por kilómetro, mientras que un camión de más de seis ejes paga $32.000, es decir $552 por kilómetro, valores que superan ampliamente a los de otros accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires.
La organización también detalló el impacto anual que el peaje implica para usuarios frecuentes. Un automovilista que viaja de CABA a La Plata ida y vuelta en hora pico, 25 días al mes, destina más de $3,2 millones anuales solo en peajes. En el caso de un camión de más de seis ejes, el costo anual supera los $15 millones. Para recorridos más largos, como CABA–Mar del Plata, el transporte pesado puede afrontar erogaciones cercanas a los $49 millones anuales.
“La mayor recaudación no se traduce en mejoras de la infraestructura vial, sino que solo beneficia indebidamente a una empresa concesionaria burocrática e innecesaria”, señalaron desde Conaduv, al tiempo que definieron el esquema como un “falso peaje o impuesto al tránsito”.
El documento también cuestiona la ausencia de un marco regulatorio y de un ente de control que garantice la participación de los usuarios, pese a que las concesiones viales tienen carácter de servicio público. Según la entidad, esta situación se mantiene desde el inicio de las concesiones, sin intervención efectiva de la Legislatura bonaerense ni de la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, advirtieron que el aumento del peaje impacta directamente en los costos de transporte y, por efecto cascada, en los precios de bienes y servicios. “Año tras año se repiten tarifazos escandalosos, carentes de fundamentos técnico-económicos, mientras los derechos de los usuarios viales siguen siendo vulnerados”, concluyeron.
