Por: Nicolás Mario Tambascia
El vandalismo rural no deja de ocupar un lugar central en el día a día de los productores argentinos. La creciente reiteración de ataques contra silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura productiva encendió una nueva señal de alarma en el sector agropecuario, que advierte por el impacto económico, productivo y social de estos hechos.
En este contexto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone incorporar la figura de “vandalismo rural” al Código Penal. El objetivo es tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan el normal desarrollo de la actividad agropecuaria.
La iniciativa busca subsanar lo que desde la entidad consideran una falencia del marco legal vigente, que hoy no ofrece respuestas penales acordes a la gravedad del daño que provocan estos ataques.
“No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, remarcaron desde CRA al fundamentar la propuesta.
El vandalismo rural, un problema recurrente
El proyecto plantea la modificación de los artículos 186 y 189 del Código Penal y la incorporación del artículo 184 bis, que crea formalmente la figura de “Vandalismo Rural”. Según el texto presentado, esta tipificación prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes u otros bienes directamente vinculados a la producción agropecuaria.
Desde la entidad gremial sostienen que los ataques a establecimientos rurales “se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan”, generando no solo pérdidas económicas directas, sino también incertidumbre, desprotección y desincentivo a la inversión en vastas zonas del interior productivo.
Otro eje central del proyecto es la actualización de la figura del delito de estrago. En este punto, la iniciativa incorpora nuevas modalidades —como la liberación de patógenos— y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. Además, contempla agravantes cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
“El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, señalaron desde CRA, al explicar que el Código Penal actual presenta limitaciones que dificultan una respuesta judicial eficaz frente a este tipo de hechos.
Seguridad jurídica y desarrollo del interior
Finalmente, desde la entidad subrayaron que el proyecto no solo apunta a proteger al productor individual, sino también a fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que impactan de lleno en el desarrollo económico y social de las comunidades del interior.
En un escenario donde la producción agropecuaria continúa siendo un pilar clave de la economía argentina, CRA considera que avanzar en este marco normativo resulta un paso necesario para defender el esfuerzo productivo, desalentar prácticas delictivas y garantizar reglas claras para el campo.
