Cada 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre los avances conquistados por las mujeres, pero también sobre los desafíos que todavía tenemos por delante para alcanzar una verdadera igualdad. Este Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos encuentra frente a un escenario nacional, cuanto menos, preocupante.
La llamada “modernización laboral” no es neutral, especialmente cuando implica recortes en derechos laborales. Sus consecuencias no afectan a todos por igual. Las mujeres suelen ser las primeras perjudicadas porque todavía enfrentan mayores niveles de informalidad, brechas salariales persistentes y una distribución desigual de las tareas de cuidado.
En la vida cotidiana, millones de mujeres sostienen una doble o incluso triple jornada. Trabajan, cuidan y organizan la vida familiar. En muchos hogares son quienes se ocupan del cuidado de los hijos, de las personas mayores y también del sostenimiento económico y emocional de la familia. Ese rol central dentro del hogar y de la comunidad muchas veces no es reconocido ni acompañado por políticas públicas que permitan equilibrar esas responsabilidades.
Por eso, cuando se flexibilizan las condiciones de trabajo, se debilita la negociación colectiva o se eliminan herramientas que reconocen las responsabilidades de cuidado, lejos de reducir las desigualdades existentes se corre el riesgo de profundizarlas.
Esta realidad se expresa con mayor claridad en el ámbito rural. Las mujeres del campo cumplen un rol fundamental en las economías regionales, en la producción de alimentos y en el sostenimiento de sus comunidades. Sin embargo, muchas veces lo hacen en condiciones de mayor precariedad laboral y con menor reconocimiento de su trabajo.
En promedio perciben alrededor de un 25 % menos de ingresos que los hombres, enfrentan altos niveles de informalidad laboral y además cargan con una parte desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. A esto se suman desafíos estructurales como el acceso limitado a la tierra, al crédito, a la tecnología y a la educación, circunstancias que perpetúan condiciones de precariedad y limitan sus posibilidades de desarrollo.
A pesar de estas dificultades, son protagonistas fundamentales de la vida rural: trabajan en el campo, sostienen a sus familias y mantienen vivas las comunidades del interior del país.
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) entendemos que defender los derechos laborales de todas ellas también significa defender la igualdad. Bajo la conducción de José Voytenco, nuestro sindicato viene reafirmando el compromiso de fortalecer la organización sindical y acompañar a las trabajadoras rurales, que son una parte esencial del sector agrario en nuestro país.
Porque el desarrollo del campo argentino se construye, en primer lugar, con el esfuerzo de miles de mujeres que trabajan, producen y sostienen a sus familias y comunidades.
Sin perjuicio de lo expuesto, hoy también debemos manifestar nuestra preocupación por los posibles retrocesos en materia de derechos de las mujeres en general. Días atrás, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, pidió a la Argentina que adopte medidas urgentes ante posibles retrocesos en políticas destinadas a garantizar derechos.
El organismo alertó sobre el cierre de instituciones y recortes presupuestarios en áreas clave como la prevención de la violencia de género, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la implementación de la Educación Sexual Integral y la continuidad del Plan ENIA para prevenir el embarazo adolescente.
Además, el comité solicitó que el Estado argentino presente, en el plazo de dos años, un informe detallado sobre cómo garantizará los derechos de mujeres y niñas y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Las advertencias de los organismos internacionales reflejan una preocupación que también vemos desde el movimiento obrero: cuando se debilitan las políticas públicas y se recortan derechos laborales, las desigualdades de género se profundizan.
Hablar de igualdad entre mujeres y varones no es solo una cuestión de reconocimiento formal de derechos. La verdadera justicia implica garantizar condiciones reales para que todas las mujeres puedan desarrollarse plenamente, con trabajo digno, protección social y oportunidades en igualdad.
La justicia social también exige reconocer el aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la vida: en el trabajo, en las familias, en las comunidades y en la organización colectiva. No alcanza con que los derechos existan en las leyes si en la práctica muchas mujeres siguen enfrentando desigualdades estructurales que limitan su autonomía y sus posibilidades de desarrollo.
Por eso, este 8 de marzo reafirmamos una convicción que también forma parte de la historia del movimiento obrero: la igualdad no se construye con menos derechos, sino con más protección, más organización y más justicia social.
Y también reafirmamos algo fundamental para la vida democrática: los derechos conquistados deben ser respetados y garantizados en el marco de la Constitución y de las leyes. Porque la justicia no puede ser solo una aspiración; debe traducirse en instituciones, normas y políticas públicas que protejan efectivamente a quienes trabajan.
Porque el trabajo nos hizo avanzar y sólo la lucha por la defensa de los derechos nos garantizará la igualdad.
